La reunión contó con la participación de destacadas autoridades de la Secretaría de Economía, incluyendo al Lic. José del Valle Domínguez en representación del Secretario Marcelo Ebrard Casaubon, la C.P. Gertrudis Mercado Cruz, el Dr. Félix Wilfrido Márquez Sánchez y el Lic. Marlon Martínez Pérez, entre otros funcionarios. Por parte del sector palmero asistieron productores independientes, representantes de plantas extractoras del sector social de la región Costa de Chiapas y miembros de la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA).

Durante el encuentro, se presentó un análisis de la problemática que enfrenta actualmente el sector, con el objetivo de establecer mecanismos que fomenten el consumo del aceite de palma producido en México y de diseñar estrategias que prevengan distorsiones futuras en el mercado nacional de aceites oleaginosos. Entre los temas centrales del diálogo, destacó la solicitud de que la autoridad fiscal aplique de manera consistente la tasa del 0 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la enajenación del aceite crudo de palma, al tratarse de un insumo alimentario. Asimismo, se subrayó la necesidad de avanzar en el desarrollo y reconocimiento de esquemas nacionales de sostenibilidad, complementarios al estándar internacional RSPO, que fortalezcan la competitividad y sustentabilidad del sector palmero mexicano.

Contexto de la problemática actual

México produce aproximadamente el 44 % del aceite crudo de palma (CPO) que consume, mientras que el 56 % restante se cubre mediante importaciones. Aunque en años recientes la producción nacional había mantenido una tendencia de crecimiento, las condiciones climáticas adversas registradas en 2023 y 2024 limitaron su expansión. Ante este contexto, la industria ha recurrido recientemente a la importación de aceite de palma, principalmente desde países de Centro y Sudamérica, como Colombia, Guatemala y otros mercados regionales, con el fin de atender la demanda del mercado interno.

Ante el repunte de la producción de aceite de palma nacional durante el 2025 derivado de mejores condiciones climáticas, actualmente las plantas extractoras se encuentran saturadas de racimos de fruta fresca (RFF) y aceite, lo que ha limitado su capacidad operativa y la compra de fruta a los productores. Se estima que, diariamente, se dejan de procesar alrededor de 5,500 toneladas de fruta fresca, con pérdidas económicas superiores a los $17.6 millones de pesos por día.

Asimismo, existe el riesgo de que, en los próximos años, ante la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), algunos países de la región que tradicionalmente exportan hacia Europa y que enfrenten restricciones para cumplir con dicha normativa redirijan sus excedentes de aceite de palma hacia mercados alternativos como México, lo que podría impactar negativamente en el sector nacional.

Además, persiste una discrepancia en los criterios aplicados por la autoridad fiscal respecto al reconocimiento del aceite crudo de palma como producto alimenticio, lo que en algunos casos impide la aplicación de la tasa del 0 % de IVA, a pesar de que la normativa mexicana lo clasifica como un insumo destinado a la alimentación. Esta inconsistencia agrava la desventaja competitiva del aceite nacional frente a otras oleaginosas, afectando directamente la rentabilidad de los productores y de las empresas vinculadas a esta agroindustria.

Acuerdos y conclusiones de la reunión

La actual coyuntura que enfrenta el sector palmero en México exige una intervención inmediata y articulada entre los diferentes niveles de gobierno y los actores productivos. La reunión sostenida con la Secretaría de Economía representa un paso relevante hacia la formulación de respuestas técnicas y normativas que atiendan las causas estructurales de la crisis.

Durante el encuentro, se logró avanzar en la definición de una agenda conjunta, orientada a garantizar la estabilidad del sector, proteger el ingreso de los productores, y fortalecer la cadena de valor nacional.

Entre los principales acuerdos destacan:

Esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer más de 6,500 unidades productivas y preservar los más de 102,000 empleos directos e indirectos que dependen de esta agroindustria en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz.